El nombre y la identidad social

Opinión
El nombre y la identidad sociala

Uno de los problemas más graves que entorpecen el crecimiento de México tiene que ver con la desigualdad, con la distribución dispar de la riqueza nacional y, por ello, con la falta de acceso a servicios y benefactores que a todos deberían corresponder en circunstancias equiparables: salud, educación y derechos políticos, por mencionar algunos.

Un elemento que resulta primordial para que esta desigualdad desaparezca es aquel que atañe a la identidad de las personas. Cualquier niño o niña que, al nacer, no goza de la suerte de haber sido presentado ante el Registro Civil por sus padres, para que se le expida el acta de nacimiento correspondiente, carecerá del documento que le permitirá existir jurídicamente, el documento que le abrirá las puertas para acceder al cúmulo de servicios y derechos que nuestras leyes le otorgan y del que dependerá su desarrollo y supervivencia en el ámbito social.

En la ciencia del derecho se reconoce en el nombre un atributo de la personalidad, y en el Código Civil Federal se prevé expresamente que éste deberá quedar asentado en el acta de nacimiento, documento al que se supedita la liberación de otros que durante la vida de las personas van resultando esenciales para sobrevivir: un pasaporte, una credencial de elector, un certificado escolar, etcétera. Es el nombre el objeto de nuestra reflexión de hoy, por la importancia que reviste, incluso, en la conformación misma de nuestras costumbres y la idiosincrasia de nuestra sociedad.

Tradicionalmente, en el Código Civil se estableció que en el acta de nacimiento se debe asentar la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del menor que se presenta, el nombre propio y los apellidos paterno y materno, la razón sobre si se presenta vivo o muerto y, en su caso, el nombre de los padres. El nombre tiene que ser digno, para lo cual los jueces del Registro Civil tienen la obligación de denegar el asiento de apelativos que sean peyorativos, discriminatorios, infamantes, denigrantes, carentes de significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas, o bien que exponga al registrado a ser sujeto de burla.

En función del nombre de las personas hemos concebido una conformación social particular de acuerdo con la cual nos regimos. El nombre de las personas constituye un elemento de identidad que supera a la persona y aglutina al conjunto de aquellas que integran una misma familia. Es un elemento que trasciende y que permite, también, la unión entre ancestros y sus descendientes; económicamente hablando, el nombre permite la transmisión más o menos fluida del patrimonio de las personas, con toda la carga emocional que ello lleva implícito.

La semana pasada se aprobó en la Asamblea Legislativa del DF una reforma al artículo 58 del Código Civil del Distrito Federal que cambiará el principio conforme al cual el orden de los apellidos se viene asentando en el acta de nacimiento. Se trata del resultado, más que de un procedimiento legislativo, de una lucha que ha encabezado la comunidad lésbico-gay-transexual-transgénero con el objeto de erradicar una concepción tradicional que concedió al hombre un papel preponderante en nuestra sociedad, al permitir que fuera su apellido el que llevaran sus descendientes y, por ello, los descendientes de aquéllos.

Con motivo de la reforma, el orden en que los apellidos quedarán supeditado al acuerdo de los padres, por lo que podrá inscribirse en primer lugar indistintamente el del padre o de la madre, circunstancia que permitirá la trascendencia del apellido de las mujeres en igualdad al de los hombres. El problema estriba, quizá, en que se perderá absolutamente el nombre como vehículo de identificación familiar. Entre colaterales y descendientes el apellido podría acabar siendo absolutamente diferente en un par de generaciones.

Una crítica que podríamos plantear abiertamente es que la redacción del Código Civil que aprobó la Asamblea Legislativa arrojará potenciales discordias entre parejas innecesariamente, sin que en la misma ley se establezcan mecanismos para la solución pronta del conflicto, obviamente, en perjuicio del menor. ¿Por qué no se ofreció la oportunidad a la inscripción preferente del apellido materno en circunstancias concretas y excepcionales, para resolver la problemática que produce la ausencia del padre?

Un tema salta a la vista: la lucha política la ganó la facción de la comunidad minoritaria antes señalada, que a fin de no ser confrontada y, por ello, para evitar un señalamiento de discriminación perjudicial para la carrera de los representantes populares, logró el aglutinamiento del voto de la mayoría de los legisladores. Sin embargo, ¿qué opinó y quién representó a la mayoría heterosexual en el órgano legislativo de la capital? ¿Quién reflexionó alrededor del nombre como un instrumento de identificación familiar, siempre en mérito de una tradición nacional que incide en distintos episodios de nuestra historia?

Una vez más, el problema tiene que ver con la disfunción de nuestro sistema democrático, que con miras a ser incluyente de las minorías acaba por socavar el ánimo imperante de las mayorías. Un proceso cuyos resultados acaban por ser tan relevantes como este que hoy comentamos, sólo podría aceptarse como política y constitucionalmente válido si, y sólo si, la discusión para llevarlo a cabo fuera cierta y objetiva.

El voto inconsciente alrededor de una temática tan significativa no se puede aceptar tan a la ligera. ¿No era este tema un tópico por el cual también debió llamarse a la consulta pública? Así vemos y juzgamos las conveniencias de una administración.

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